En ese contexto en 2019 se licitó a través de Mercado Público el estudio “Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial” (Rex N°470), con el ID 425-56-LP19. La consultora que lo adjudicó fue la Consultora Isónoma (cuyo nombre legal es “Asesorías, Investigación y Capacitación en Ciencias Sociales limitada”) (Rex N°1037) y el trabajo de campo se extendió desde noviembre de 2019 a enero de 2020.
Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial
El objetivo general del estudio es “Describir y analizar cómo los juzgados de competencia común con competencia en materia penal y de familia, juzgados de garantía y juzgados de familia del Poder Judicial de Chile garantizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales”
Objetivos Especificos
Aspectos metodológicos
En la metodología se desplegaron una serie de estrategias tanto cualitativas como cuantitativas:
- Observación no participante en 27 tribunales (de competencia de familia, penal y de competencia común) en cinco Jurisdicciones del país: Iquique, Santiago, San Miguel, Puerto Montt y Coyhaique);
- 16 grupos focales con personas funcionarias, consejeras técnicas, de la judicatura y de administraciones de tribunales de familia, penales y de competencia común en las jurisdicciones de Iquique, Santiago, San Miguel y Puerto Montt;
- 25 entrevistas a actores intervinientes de distintas instituciones vinculadas a la violencia contra las mujeres;
- revisión de causas de violencia terminadas en 2018, en base a archivos judiciales y audios de audiencias (85 causas de tribunales de familia y 213 causas penales de delitos sexuales y en contexto VIF). Las causas de familia fueron escogidas con criterio completamente aleatorio a nivel nacional, mientras que en las penales se definieron criterios de selección según tipo de delitos y tipo de términos y luego se seleccionaron aleatoriamente dentro de cada grupo);
- encuesta online a mujeres y hombres que integran el Poder Judicial y que se desempeñan en las sedes de familia, penal o de competencia común: fue aplicada a funcionariado en general, consejerías técnicas y judicatura, con una tasa de respuesta general de 31,3% (se recibieron 2.194 encuestas contestadas, sobre una población de 7.006 personas a quienes se les envió la invitación a participar del estudio).
Principales Resultados
A pesar del arduo trabajo cotidiano de los tribunales y de los importantes avances institucionales que ayudan a mejorar el abordaje de los casos judicializados de violencia en contra de las mujeres (por ejemplo la Política de Igualdad de Género y productos y actividades derivados de ella y la Política de Atención de Usuarios) aún se aprecia la existencia de diversas barreras que limitan el acceso a la justicia a las mujeres y niñas que sufren violencia:
Principales recomendaciones surgidas desde el estudio
Velar porque la primera atención se realice por personal capacitado en VCM y de manera presencial.
Avanzar hacia la unificación de criterios para el uso de una Pauta de Riesgo unificada en sede familia.
Fortalecer los canales de comunicación con las mujeres usuarias.
Recomendar a las víctimas contar con asistencia jurídica desde la primera atención (sede familia).
Avanzar hacia una infraestructura adecuada que garantice la seguridad y comodidad de las mujeres víctimas de VCM.
Propender a que la judicatura exija cuenta a los intervinientes en causas de VCM en virtud de su rol en el proceso penal.
Propender a una valoración de la prueba acorde con el fenómeno de la violencia contra la mujer.
Generar instructivo que permita acercar a las usuarias a los procedimientos en los que pueden no tener asistencia jurídica.
Generar Modelo de Denuncia para Tribunales de Familia.
Generar lineamientos nacionales en orden a mejorar el registro de información.
Generar protocolo para el trabajo de la consejería técnica, y que permita unificar y sistematizar el tratamiento recibido por las víctimas de VIF.
Incoporar y/o fortalecer la perspectiva de género en la formación y capacitación de todas las personas funcionarias del Poder Judicial.
Avanzar hacia la especialización del Poder Judicial en VCM.
Difusión y aplicación del Cuaderno de Buenas Prácticas.
Asegurar que se cumplan condiciones de igualdad material entre las partes para concretar el principio de igualdad ante la ley.
Control especial del reagendamiento y la suspensión de audiencias en causas de violencia contra las mujeres.
Mejorar el abordaje de los casos de “violencia cruzada”.
Replicar acciones de los tribunales identificados como ejemplos de “buenas prácticas”.
Relevar la importancia de la violencia contra las mujeres como un tema concerniente al Poder Judicial.
Instaurar protocolos específicos que adecuen los procedimientos a la experiencia de la VCM, diferenciados por tipo de Tribunal y estableciendo acciones y responsabilidades.
Mejorar la coordinación interinstitucional por medio de la definición de una función de coordinación interinstitucional.
Mejorar coordinación interna entre tribunales de familia y de garantía y en lo referente a derivación de causas.
