El marco internacional de derechos humanos contiene obligaciones específicas para los Estados en orden a garantizar un efectivo y equitativo acceso a la justicia a todas las personas. El acceso a la justicia debe ser comprendido como un derecho fundamental que impone al Estado deberes de conducta en orden no sólo a permitir el acceso, sino además, a generar las condiciones para que ese acceso sea posible y efectivo, lo que implica levantar las barreras que obstaculizan ese resultado, lo que supone que magistrados y magistradas reconozcan las múltiples discriminaciones asociadas al género que están presentes en los casos sometidos a su conocimiento.

La Política de Igualdad de Género y No Discriminación, en su eje estratégico “No discriminación de género”, establece como objetivo “eliminar las barreras por motivos de sexo, género, identidad de género u orientación sexual en el Poder Judicial que distinguen, excluyen o restringen el adecuado goce y ejercicio de los derechos humanos, a integrantes y a personas usuarias de nuestra institución”.

La actividad, realizada en la Aula Magna de la casa central de la Universidad de Chile, tuvo como finalidad reconocer a la trayectoria de la expresidenta y exjueza chilena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) Cecilia Medina Quiroga y contó con tres paneles dedicados a la relación del sistema interamericano con el orden jurídico chileno.