Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial - 2020
Antecedentes
La violencia contra las mujeres es reconocida por los organismos internacionales como una violación a los derechos humanos, como una forma de discriminación que genera graves perjuicios a la vida de las mujeres víctimas, produce problemas de salud pública y es una barrera al desarrollo económico de los países (OMS, 2017). El Poder Judicial ha expresado de forma abierta su preocupación por este tema de interés público en su Política de Igualdad de Género y No Discriminación, en donde reconoce a la No Violencia de Género como uno de sus principios rectores, el que a su vez constituye un eje estratégico de acción.
La generación de contenidos respecto a este tema de interés público es de vital importancia para conocer sobre el fenómeno, identificar puntos fuertes y otros a reforzar en el funcionamiento institucional y así generar las acciones pertinentes para asegurar el acceso efectivo a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia.
En ese contexto en 2019 se licitó a través de Mercado Público el estudio “Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial” (Rex N°470), con el ID 425-56-LP19. La consultora que lo adjudicó fue la Consultora Isónoma (cuyo nombre legal es “Asesorías, Investigación y Capacitación en Ciencias Sociales limitada”) (Rex N°1037) y el trabajo de campo se extendió desde noviembre de 2019 a enero de 2020.
Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial
El objetivo general del estudio es “Describir y analizar cómo los juzgados de competencia común con competencia en materia penal y de familia, juzgados de garantía y juzgados de familia del Poder Judicial de Chile garantizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales”
Webinar resultados del estudio "Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial"
Objetivos Especificos
1. Elaborar un marco teórico que aborde las características y tipos de violencia a las que se ven expuestas las mujeres, la forma en que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales se relacionan con el sistema judicial en general y las obligaciones del Poder Judicial de Chile para garantizar un efectivo acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, de acuerdo al sistema de protección de DDHH, a la ley nacional vigente y la propuesta en tramitación legislativa.
2. Conocer la ruta de atención que siguen las usuarias víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales en los tribunales de primera instancia, según su tipo, identificando los hitos de atención principales e identificando la forma en que se produce y enfrenta el desistimiento en el tribunal.
3. Caracterizar el conocimiento, la tramitación y la resolución de las causas de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y las causas de mujeres víctimas de delitos sexuales al interior del tribunal, según tipos de tribunal.
4. Identificar las buenas prácticas en el abordaje de la violencia intrafamiliar y sexual en contra de las mujeres llevadas a cabo por el Juzgado de Garantía de Iquique, el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y el Tribunal de Tratamiento de Drogas en el Tribunal de Garantía de San Bernardo.
5. Conocer las percepciones de las personas integrantes de los tribunales especializados y de competencia común con competencia en materia penal y de familia en lo referido al acceso a la justicia que brinda el Poder Judicial a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a las víctimas de delitos sexuales.
6. Describir cómo el Poder Judicial y otras instituciones públicas se coordinan interinstitucionalmente para garantizar un acceso integral a la justicia a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.
7. Proponer cursos de acción viables que permitan implementar mejoras en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, según los hallazgos del estudio.
Aspectos metodológicos
En la metodología se desplegaron una serie de estrategias tanto cualitativas como cuantitativas:
- Observación no participante en 27 tribunales (de competencia de familia, penal y de competencia común) en cinco Jurisdicciones del país: Iquique, Santiago, San Miguel, Puerto Montt y Coyhaique);
- 16 grupos focales con personas funcionarias, consejeras técnicas, de la judicatura y de administraciones de tribunales de familia, penales y de competencia común en las jurisdicciones de Iquique, Santiago, San Miguel y Puerto Montt;
- 25 entrevistas a actores intervinientes de distintas instituciones vinculadas a la violencia contra las mujeres;
- revisión de causas de violencia terminadas en 2018, en base a archivos judiciales y audios de audiencias (85 causas de tribunales de familia y 213 causas penales de delitos sexuales y en contexto VIF). Las causas de familia fueron escogidas con criterio completamente aleatorio a nivel nacional, mientras que en las penales se definieron criterios de selección según tipo de delitos y tipo de términos y luego se seleccionaron aleatoriamente dentro de cada grupo);
- encuesta online a mujeres y hombres que integran el Poder Judicial y que se desempeñan en las sedes de familia, penal o de competencia común: fue aplicada a funcionariado en general, consejerías técnicas y judicatura, con una tasa de respuesta general de 31,3% (se recibieron 2.194 encuestas contestadas, sobre una población de 7.006 personas a quienes se les envió la invitación a participar del estudio).
Principales Resultados
- La dualidad del sistema (en áreas de familia y penal) dificulta el acceso a la justicia de las mujeres dado que hay escasa interacción entre ambos sistemas;
- No existe un marco normativo que dé una respuesta integral a los casos de violencia en contra de las mujeres;
- La heterogeneidad en el funcionamiento de los tribunales puede provocar diferencias en el acceso a la justicia;
- Hay recursos limitados (procesos largos que atentan contra la adhesión al proceso);
- El seguimiento a las medidas cautelares es escaso;
- La formación en enfoque de género de juezas, jueces e integrantes del Poder Judicial aún es débil;
- Existe victimización secundaria en los juzgados;
- En los tribunales suele haber una ausencia de trato especializado, especialmente en las primeras atenciones;
- Hay una inadecuada o insuficiente información a las mujeres usuarias respecto del proceso judicial;
- La judicatura en ocasiones continúa aplicando estereotipos que perjudican a las mujeres;
- Existe una escasa coordinación Interinstitucional para atender todas las aristas del problema;
- Hay una importante falta de datos y estadísticas sobre las causas de violencia contra las mujeres (no se registra en el Poder Judicial, ni se recibe desde el Ministerio Público, toda la información relevante para darle un seguimiento analítico a estos casos);