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Seminario Internacional “El Impacto de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (CorteIDH) en Chile y sus desafíos"

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La actividad, realizada en la Aula Magna de la casa central de la Universidad de Chile, tuvo como finalidad reconocer a la trayectoria de la expresidenta y exjueza chilena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) Cecilia Medina Quiroga y contó con tres paneles dedicados a la relación del sistema interamericano con el orden jurídico chileno.

En el seminario expuso la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco,  en el panel “Grupos en situación de vulnerabilidad y nuevos desafíos en materia de derechos humanos: estándares internacionales y experiencia comparada en Chile”. La autoridad recordó que Chile y sus tribunales forman parte del sistema interamericano desde 1990 y  destacó que la judicatura debe tener en cuenta tres ejes para garantizar el acceso a la justicia. Ellos son: enfoque diferenciado, interseccionalidad, que existan acciones y recursos para concretarlas.

Poder Judicial y perspectiva de género

Durante el seminario, la secretaria técnica de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, María Soledad Granados, participó en el panel “Género y Derechos Humanos”, junto a las académicas Ximena Gauché de la Universidad de Concepción, Lidia Casas de la Universidad Diego Portales y Yanira Zúñiga  de la Universidad Austral de Chile. 

En la sección moderada por la jueza de la Corte IDH, Patricia Pérez, María Soledad Granados se refirió a la experiencia del Poder Judicial en la incorporación de la perspectiva de género, destacando  que su implementación ha sido en gran medida “gracias a como la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ido definiendo claramente el objetivo público de que es necesario incorporarla para garantizar un efectivo a la justicia a todas las personas en base a los principios de igualdad y no discriminación”.

Asimismo, la secretaria técnica, resumió en cinco puntos el trabajo realizado en esta materia por el Poder Judicial, señalando que "ha sido en base a evidencia; con un marco normativo estipulado en una política, aprobada por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema en 2018; el avance ha sido institucional; la participación ha sido clave durante todo el proceso junto a la  cooperación interinstitucional"

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