La normativa se encuentra operativa desde abril de 2022 en los tribunales de Familia de todo país, mientras en diciembre se sumaron los juzgados penales de la jurisdicción. La ley contempla el uso de tecnología GPS y satelital -como tobilleras- como medidas cautelares contra imputados por violencia intrafamiliar, que tengan prohibición de acercarse a la víctima, según decreten los tribunales de justicia, siendo Gendarmería la institución encargada de dar cumplimiento al monitoreo.