Ante ello, a fin de reforzar el compromiso del Poder Judicial, el Pleno de la Corte Suprema tomó los acuerdos implementados en el Acta 207-2022, que contienen compromisos concretos en materia de capacitación sobre violencia contra las mujeres a la judicatura, abordaje del acoso sexual y participación de las mujeres en las altas jerarquías.

Hoy 25 de noviembre, que se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, quisimos enfocar nuestras actividades, nuevamente, en una expresión de esta violencia que se despliega en los espacios laborales: el acoso sexual.

En términos de datos:

• El estudio sobre la perspectiva de género en el Poder Judicial efectuado el 2015 reveló que una de cada 10 personas había experimentado o presenciado acoso sexual en la institución. Estudios posteriores que hemos realizado, como el de la situación de la maternidad/paternidad en la institución (2017), de movilidad y ascensos a cargos de mayor jerarquía (2019-2020), incorporan en su fase cualitativa, algunos testimonios de situaciones de acoso sexual ocurridas en el pasado en la institución.
• Desde la entrada en vigencia del Acta 103-2018 al 30 de junio de este año, contamos con 25 casos tramitados (23 personas denunciadas porque una de ellas tuvo 3 causas distintas). Todas las denunciantes son mujeres, todos los denunciados son hombres.  Al 30 de junio, contábamos con 24 casos ejecutoriados, 10 sobreseimientos, 13 sanciones (1 de ellas por acoso laboral) y 1 orden de reapertura. En definitiva, en el Poder Judicial, 12 personas han sido sancionadas por acoso sexual, aplicándose las sanciones establecidas en el COT; además, a 3 de ellas se les abrió posteriormente cuaderno de remoción y fueron removidas de la institución y en 2 casos fueron trasladadas.

Por su parte, desde el 2015, hemos ejecutado una serie de acciones para visibilizar la problemática, desde el lanzamiento de la campaña “¿Acaso es acoso?” el año 2017, junto a acciones de difusión y capacitación a personas investigadoras, hasta la aprobación por el Pleno de la Corte Suprema del Procedimiento para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual, a través del Acta 103-2018 que entró en vigencia el 1 de julio de 2018, constituyéndose una mesa de trabajo durante 2019 para levantar aquellas acciones esenciales para su adecuada implementación, a partir de la cual se generaron una serie de herramientas con ese fin. Adicionalmente, además de mantener la capacitación permanente a personas investigadoras, elaboramos un curso virtual en conjunto con la Academia Judicial que está siendo impartido en el Programa de Perfeccionamiento durante 2022; hemos generado instrumentos de reflexión jurídica en esta línea, a través de dos informes en derecho de académicos chilenos expertos en derecho laboral y administrativo (este último aún no difundido); y el año 2021 comenzamos a publicar las estadísticas de los casos de acoso sexual que son conocidos en la institución, además de la publicación anonimizada de los fallos en la materia.

Más allá de estas acciones, y reconociendo los significativos avances, puedo responsablemente plantear que tenemos la siguiente realidad:

• Las situaciones de acoso sexual en la institución siguen ocurriendo. En términos de datos duros, desde el 30 de junio hasta la fecha, hemos recibido la información de dos nuevas denuncias que se encuentran en tramitación. En general se producen 2 o 3 denuncias por semestre.
• Durante las investigaciones, continúan produciéndose situaciones que pueden generar revictimización. Si bien este punto lo hemos abordado principalmente a través de la capacitación de las personas investigadoras y el apoyo psicológico a la instrucción, a veces se producen situaciones complejas que impactan negativamente en las denunciantes.
• En los casos terminados, incluso en aquellos casos en que ha habido sanción por acoso sexual, la situación de las víctimas continúa siendo difícil posterior al término del procedimiento. Las unidades judiciales, el tribunal, en algunos casos la jurisdicción, se encuentra afectados y ello afecta a las víctimas. La situación en que queda la persona sancionada cuando no es separada de la institución, también impacta en las víctimas.

En definitiva, tenemos una deuda con las mujeres víctimas de acoso sexual en el Poder Judicial, con aquellas que se han decidido a denunciar y también con las que han decidido no hacerlo. Todavía nos falta avanzar en la comprensión del fenómeno, entender cómo impacta de manera desproporcionada a las mujeres por las relaciones de género en que se produce esta violencia, entender su gravedad y los graves efectos que tiene en las víctimas, en las unidades judiciales y en la institución en general. Necesitamos desarrollar estrategias innovadoras; hablar de la necesidad de reparación; hablar de responsabilidad de los victimarios pero también de la institución; construir en conjunto respuestas especializadas y efectivas que nos permitan erradicar el acoso sexual de nuestros espacios de trabajo.

Adelantamos algunas reflexiones en torno a estas necesidades en la actividad que desarrollamos el día 23 de noviembre en el Salón de Honor de la Corte Suprema, sobre “Desafíos para la prevención del acoso sexual en el Poder Judicial: masculinidades, estrategias de reparación y buenas prácticas”. Les invito a revisar sus contenidos.