Presidenta (s) Andrea Muñoz: “La contribución del abogado o abogada es darle al caso un tratamiento exento de estereotipos y sesgos de género”
La presidenta (s) de la Corte Suprema, Andrea Muñoz Sánchez, conminó a los abogados y abogadas a tener un rol activo contra la violencia de género en todas sus expresiones. Estas reflexiones las realizó en una nueva ceremonia de juramento de profesionales del derecho en el Palacio de Tribunales."La desigualdad histórica que han vivenciado las mujeres, opera como causa y como efecto de la violencia de que son víctimas, lo primero, porque su posición de desventaja en la sociedad, la desvalorización de lo femenino frente a lo masculino, genera relaciones de poder que abren espacio a la violencia; lo segundo, porque la violencia de que son objeto las mujeres impide o pone una barrera a un desarrollo igualitario".
La autoridad explicó que el año 2024 fue “crucial” en lo normativo con la promulgación de la ley 21.675, que “Estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género” que viene a cumplir con obligaciones internacionales y la ley 21.643 conocida como Ley Karin. “Este marco normativo presenta, sin duda, enormes desafíos para el sistema de justicia en general y el poder judicial en particular, por los efectos que dichos cuerpos legales aspiran a introducir en nuestra sociedad y en nuestra cultura, en la medida que la erradicación de toda forma de violencia en contra de la mujer, supone su comprensión como un problema social, cuyas causas más profundas son de carácter estructural y se vinculan con la desigualdad y discriminación que afecta a las mujeres”, destacó.
La ministra encargada de asuntos de género argumentó que "la desigualdad histórica que han vivenciado las mujeres, opera como causa y como efecto de la violencia de que son víctimas, lo primero, porque su posición de desventaja en la sociedad, la desvalorización de lo femenino frente a lo masculino, genera relaciones de poder que abren espacio a la violencia; lo segundo, porque la violencia de que son objeto las mujeres impide o pone una barrera a un desarrollo igualitario. Esto nos obliga a tomar conciencia de que no podremos erradicar la violencia en la vida de las mujeres, si no trabajamos, al mismo tiempo y, con la misma fuerza, por lograr una igualdad real, sustantiva, entre hombres y mujeres”.
La presidenta (s) Muñoz reforzó la noción de la violencia contra la mujer como un problema social, más que individual, que exige respuestas integrales, más allá del suceso concreto, del autor, de la víctima o de las sobrevivientes.
“El Poder Judicial, consciente de los desafíos que presenta la implementación de esta ley para garantizar un efectivo acceso a la justicia, ha tomado diversas medidas desde antes incluso de su entrada en vigencia, para lo cual designó una ministra de la Corte Suprema, doña Gloria Ana Chevesich", dijo. Detalló que el Poder Judicial ha desarrollado una serie de actividades, tales como jornadas de difusión de la ley, desarrollos informáticos para dar cabida a las innovaciones en los sistemas de tramitación de causas, ha participado en representación del Poder Judicial en la comisión de articulación y contribuido a la elaboración de los reglamentos que han de dictarse al alero de la ley. Asimismo, se han levantado los nudos críticos en la interpretación y aplicación de la ley, en los cuales se está trabajando. Sin duda los dos grandes desafíos son lograr una buena coordinación entre ambas competencias de familia y penal y con el MP y Carabineros, y reforzar la capacitación de jueces y juezas.
Además recordó que “nada de esto es nuevo para el Poder Judicial, en todo caso, ya que en el marco de la Política de Igualdad de Género y no Discriminación, aprobada por la Corte Suprema en febrero de 2018, ha impulsado diversas acciones tendientes a sensibilizar y capacitar a jueces y juezas en materia de violencia y efectuado un interesante Estudio tendiente a conocer las falencias que se presentan en la materia, cuyos hallazgos incluso fueron tenidos en cuenta en la elaboración y tramitación de la ley que comentamos, y se encuentra trabajando en la elaboración de una guía o protocolo de atención y acceso a la justicia para víctimas de violencia de género, y en la implementación de mesas interinstitucionales para mejorar la coordinación con otros actores del sistema de justicia, entre otros”.
“La cuestión de fondo y, es lo que quiero plantearles, es que resulta fundamental para ejercer la profesión legal en cualquier ámbito, alcanzar un mejor conocimiento del fenómeno y que, aún más, quienes elijan un trabajo ligado al Sistema Judicial, requieren incorporar en todo el proceso de investigación, defensa, conocimiento, valoración de la prueba y resolución del conflicto, un enfoque de género, que asuma que la violencia que experimentan mujeres y niñas es un problema de DDHH, como nos advierte la Convención de Belem do Pará. Ello no es sólo tarea de la judicatura, sino que requiere de un esfuerzo mancomunado de todas las personas que participan del sistema de justicia, entre ellas, como partí señalando, quienes intervienen en defensa de los intereses de las partes, quienes les auxilian para ejercer adecuadamente sus derechos en un juicio. La contribución del abogado o abogada litigante, sea cual fuere el lugar que ocupe dentro del proceso, es darle al caso un tratamiento exento de estereotipos y sesgos de género que encasillen a la mujer en determinados roles, que pueden aparecer tanto en la argumentación de las acciones o las defensas, como en los medios de prueba y diversas actuaciones dentro del juicio. Hay que hacer hincapié en que la decisión jurisdiccional se va construyendo con el material que las partes aportan al juicio, de ahí la tremenda responsabilidad de quienes intervienen en el mismo", concluyó.
