Ministra Andrea Muñoz: “La judicatura debiera evaluar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en el caso de mujeres embarazadas o con hijos menores”
La ministra de la Corte Suprema y encargada de asuntos de igualdad de género y no discriminación, Andrea Muñoz, participó en la presentación del Segundo Informe Anual del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) 2021-2022, cuyo lanzamiento se realizó en el auditorio del Museo de la Memoria y Derechos Humanos.
A la ceremonia también asistieron el ministro y la fiscala judicial del máximo tribunal, Diego Simpértigue y Lya Cabello, a quienes se les hizo entrega oficial del informe.
En su intervención, que se centró específicamente en la situación de las mujeres privadas de libertad, la ministra Muñoz indicó que la invitación a comentar el informe “me permite hacer una reflexión en torno a los desafíos que se presentan para el Poder Judicial y el rol que debe desempeñar la judicatura en relación a un tema que, si bien puede aparecer distante, en realidad le sigue siendo propio, porque son sus decisiones las que en último término definen el estatuto o condición de esas mujeres, sea en la distintas etapas del proceso o en la vigilancia penitenciaria posterior. En el ejercicio de esa función, jueces y juezas deberán analizar el contexto de la situación sometida a su conocimiento y visibilizar y hacerse cargo del impacto que la experiencia del encierro, en condiciones que no se adecúan a las particularidades y necesidades de su género, puede tener en la perpetuación de las desigualdades o discriminación que afectan a las mujeres, teniendo especialmente presente que a la cárcel llegan mayoritariamente mujeres con un legado previo de exclusión social, con bajos niveles de educación, dependencia masculina, mujeres cuidadoras, y jefas de hogar, muchas de ellas víctimas de violencia física y/o sicológica”.
Dentro de los principales factores de riesgo de tortura y/o tratos crueles que visibiliza el informe en relación a las mujeres privadas de libertad, la ministra Andrea Muñoz destacó los relacionados con el acceso a la salud, las condiciones materiales de reclusión y el contacto con el mundo exterior. “En lo tocante al Poder Judicial, insta a disminuir los tiempos de tramitación de las causas de estas mujeres a fin de acortar los plazos de excesivos de prisión preventiva” señaló.
Comentando algunos fallos de tribunales superiores sobre la posibilidad de decretar medidas alternativas a la privación de libertad, señaló: “tengo la impresión de que la tensión que subyace a estas decisiones abre la pregunta por cómo aproximarnos a los delitos de drogas con que se vinculan muchos de los casos que llegan a conocimiento de la justicia. El aumento en la privación de libertad de muchas mujeres en la actualidad está vinculado a la persecución de este tipo de delitos y advertimos también, que se trata de personas que están en la última línea de la cadena de distribución. Si a ello agregamos los efectos dramáticos que se producen producto de su encierro en relación a su rol de cuidadoras de hijos menores en las familias, cabe reflexionar acerca de cómo resolver esta colisión de bienes protegidos y la proporcionalidad de las medidas tomadas” dijo la magistrada.
Luego de hacer referencia al proyecto de ley Sayén, en actual tramitación, indicó que “mientras tanto, creo que los esfuerzos de la judicatura debieran ir en la dirección de evaluar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, en el caso de mujeres embarazadas o con hijos menores y, en todo, hacer un mejor manejo de las agendas para bajar los tiempos de la prisión preventiva en el caso de imponérsela. Este es un carro que tiramos entre todos los operadores del sistema de administración de justicia, por lo que creo que la defensoría penal debe seguir cumpliendo ese papel de “estresar” o emplazar a la judicatura con casos que permitan que los jueces y juezas se pongan los lentes de género y estén dispuestos a considerar que las mujeres condenadas en condiciones de maternidad y/o con hijos lactantes, forman parte de un grupo especialmente vulnerable dentro de las que se encuentran privadas de libertad, que requiere un enfoque diferenciado en la atención de sus necesidades especiales para asegurar una ejecución de la pena respetuosa de su dignidad humana” concluyó la ministra Muñoz.
