La jornada se centró en los recientes acuerdos en materia de género aprobados por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, dentro de la cual se hace expresa referencia al fenómeno del acoso sexual al interior de la organización.
En sus palabras de bienvenida, el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes Belmar, se refirió al contenido del acuerdo y también instó a quienes integran el Poder Judicial “a realizar acciones tendientes a relevar la importancia de la violencia contra las mujeres como un tema concerniente a nuestra institución; avanzar hacia una gestión adecuada que garantice la seguridad y protección de las mujeres víctimas en el sistema judicial e incorporar y fortalecer la perspectiva de género en la formación y capacitación de todas las personas que integran la organización”, entre otras.
En el conversatorio, que fue moderado por la secretaria técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, María Soledad Granados, participaron: Natalia Dembowski, sicóloga del Observatorio de Género y Equidad e integrante de la Fundación ProCultura; Salvador Bello, sicólogo del Espacio Masculinidades de la Fundación CulturaSalud; la directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade y la jefa de equipo de Desarrollo y Programas de la subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio Civil .
La ministra de la Corte Suprema y encargada de asuntos de género, Andrea Muñoz Sánchez, quien encabezó la actividad, reiteró la importancia del tema y el compromiso que el Poder Judicial ha asumido “para erradicar el acoso sexual de los espacios de trabajo, conscientes de que es una grave manifestación de violencia de género y de discriminación que afecta desproporcionadamente a las mujeres. A diferencia de otras formas de violencia contra las mujeres, que pueden resultar más evidentes por sus resultados inmediatos o su crudeza, el acoso sexual tiene la particularidad de que es solapado y de alguna manera aparece revestido de una cierta “legitimidad”, basada en la naturalización de relaciones desiguales y patrones de conducta que se construyen más fácilmente en instituciones jerarquizadas como la nuestra”.
Igualmente señaló que como institución, hemos entrado en un segundo tiempo. “Si lo más urgente al inicio fue dotarnos de un marco normativo para canalizar las denuncias y dar certezas acerca de la existencia de un procedimiento serio y transparente para la investigación y sanción, en esta etapa es muy necesario desarrollar líneas potentes de trabajo para la prevención del acoso, lo que nos ha llevado a buscar mecanismos que contribuyan a socializar nuevas formas de relacionarnos, con pleno respeto a la dignidad de las personas”.
“Esa es la razón por la que hemos instado para que el Tribunal Pleno adopte nuevos compromisos, que fortalezcan los asumidos previamente, y que marquen una dirección en la que debemos continuar trabajando”