El procedimiento disciplinario se aplica (según el artículo 3 del Acta 108-2020) a las personas integrantes del Poder Judicial (como estructura orgánica) y también a quienes actúan como auxiliares de la administración de justicia y demás personas que cumplen funciones en el orden judicial, que están sujetas a la superintendencia disciplinaria de la Corte Suprema y a la potestad disciplinaria de las cortes de apelaciones y demás órganos del Poder Judicial (abarca, por ejemplo, a jueces de policía local, conservadores de bienes raíces, ministros de tribunales especiales, entre otros).
Desde la entrada en vigencia del acta 103-2018 (julio de 2018) hasta el 30 de junio de 2024 se han tramitado 49 denuncias, con un total de 47 personas denunciadas (una de ellas tuvo tres causas distintas).
