Las siete integrantes de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia (CPGyAJ) de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) encabezada por su presidenta y ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, sesionaron en un encuentro híbrido para abordar diversos temas y el estado de avance de los distintos proyectos para ser presentados asamblea plenaria de la XXI edición de la CJI, que se realizará entre el 19 y 21 de septiembre de este año en la ciudad de Lima.
El marco internacional de derechos humanos contiene obligaciones específicas para los Estados en orden a garantizar un efectivo y equitativo acceso a la justicia a todas las personas. El acceso a la justicia debe ser comprendido como un derecho fundamental que impone al Estado deberes de conducta en orden no sólo a permitir el acceso, sino además, a generar las condiciones para que ese acceso sea posible y efectivo, lo que implica levantar las barreras que obstaculizan ese resultado, lo que supone que magistrados y magistradas reconozcan las múltiples discriminaciones asociadas al género que están presentes en los casos sometidos a su conocimiento.
La Política de Igualdad de Género y No Discriminación, en su eje estratégico “No discriminación de género”, establece como objetivo “eliminar las barreras por motivos de sexo, género, identidad de género u orientación sexual en el Poder Judicial que distinguen, excluyen o restringen el adecuado goce y ejercicio de los derechos humanos, a integrantes y a personas usuarias de nuestra institución”.
