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Esta nueva normativa constituye un hito para la legislación nacional y reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, entendiendo la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural que se expresa en las diversas dimensiones de la vida y que tiene múltiples manifestaciones. Un aspecto fundamental de la normativa es que mandata a los órganos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas. El Poder Judicial con el propósito de poner en conocimiento de la judicatura,  funcionarios y funcionarias de los tribunales con competencia en materia de familia y penal del país, del contenido de la Ley 21.675 realizó jornadas de difusión en las diferentes jurisdicciones del país. Más información aquí

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El día 12 de junio en el Salón de Acuerdos del Pleno de la Corte Suprema, la ministra encargada de los asuntos de género, Andrea Muñoz, y profesionales de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, recibieron a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acompañadas del Subdirector(s) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Alex Saravia, con el propósito de analizar la posibilidad de contar con apoyos para realizar acciones conjuntas que permitan la evaluación de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación, a 6 años desde su implementación.

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Con el objetivo de poner en conocimiento de la judicatura,  funcionarios y funcionarias de los tribunales con competencia en materia de familia y penal del país, del contenido de la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género, se realizaron jornadas de difusión de la Ley Integral en las diferentes jurisdicciones del país. La referida norma fue aprobada por el Congreso en marzo de este año y fue promulgada el día 8 de junio de 2024.

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