La importancia del enfoque de género en la administración de justicia y su impacto para lograr una igualdad real para las mujeres fue el objetivo del Congreso Internacional “Enfoque de género en la administración de justicia: Avances, retos y desafíos para una igualdad real”, organizado por el Poder Judicial de Perú en conmemoración de los 40 años en que dicho país aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
En el marco de esta actividad, la ministra encargada de asuntos de género de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Andrea Muñoz, dictó la conferencia magistral “El enfoque de género en la administración de justicia: La experiencia chilena”, instancia en que se refirió al trabajo desarrollado el Poder Judicial chileno, y a la herramienta que lo ha permitido: la Política de Igualdad de Género y No Discriminación para el Poder Judicial.
El documento, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema en febrero de 2018 marcó un “hito en el compromiso institucional en la materia, y es el corolario de un proceso iniciado ya el año 2014, con un plan de trabajo que contempló la elaboración de un estudio de diagnóstico interno que dio cuenta de desigualdades, discriminaciones y estereotipos persistentes en el Poder Judicial, que impactan en la administración de justicia”, manifestó la ministra, quien también indicó que los resultados de ese informe “sirvieron de línea de base para elaborar la política, como fruto del compromiso de las máximas autoridades del Poder Judicial, en la cual se han determinado líneas de acción concretas para enfrentar esos desafíos”. Y así también se creó la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial para articular acciones tendientes a la debida implementación de esta política y promover la transversalización de la perspectiva de género al interior de la institución.
“Esta política contempla dos ámbitos de acción, uno interno, relativo a promover una cultura organizacional de respeto a las personas con el fin de generar ambientes laborales libres de estereotipos, discriminación y violencia y propiciar un servicio de justicia igualitario; y otro externo, que dice relación con la necesidad de incorporar el enfoque de género en la labor jurisdiccional y en la atención de usuarias y usuarios, a fin de garantizar un efectivo acceso a la justicia”, explicó la ministra.
En ese sentido, la ministra Muñoz también se refirió a las acciones que ha llevado a cabo la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana en esta materia, instancia en la que Chile ejerce la presidencia.
Finalmente, destacó que “Frente al temor de algunos de que la incorporación de la perspectiva de género en el juzgamiento pueda resultar en una justicia sesgada, parcial, que atiende a los intereses de la mujer y no es objetiva y neutral, nuestro mensaje persistente ha sido que se trata precisamente de lo contrario, que con el enfoque de género lo que se busca es ‘disolver’ los sesgos cognitivos, los estereotipos, los prejuicios asociados al género, que operan o pueden operar, desde la perspectiva de quien decide o adjudica, como barreras que impiden ver o comprender de manera integral el caso o situación que se debe juzgar. No está en juego, pues, que se pierda la imparcialidad, sino al contrario, la perspectiva de género es una exigencia para superar sesgos que constituyen obstáculos para el acceso efectivo e igualitario a la justicia”.
Conversatorio
La ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas, participó en el conversatorio “Experiencias regionales de participación de las mujeres en los poderes judiciales” junto a la magistrada Fabiana Estrada, quien es coordinadora de asesores de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México; y Elvira Álvarez, jueza suprema provisional y presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial del Perú.
“Mi intervención partió y terminó constatando que la paridad no es un asunto de cuotas para las mujeres, sino la comprensión que una sociedad justa necesita la representación equivalente a la población, de hombres y mujeres, en todos los espacios de toma de decisión”, comentó la ministra Rivas.
Sobre la experiencia vivida, añadió que “fue una experiencia gratificante e interesante observar cómo el enfoque de género es hoy día un compromiso de todos los poderes judiciales latinoamericanos. El juzgar sin sesgos ni estereotipos es comprendido como una obligación de jueces y juezas para garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia”.
“Ya no podemos -continuó- ser llamadas ‘ideólogas’ o que el género sea llamado una ‘moda’. Es una obligación de los jueces para comprometerse con el principio jurídico y ético de la igualdad y no discriminación”.
