La institucionalidad de género del Poder Judicial, cuenta con una organización de alcance nacional y local, por un lado con un organismo asesor consultivo destinado a impulsar las acciones institucionales dirigidas a la implementación de la Política, así como a la supervisión de su cumplimiento (Consejo Consultivo Asesor de Género y No Discriminación del Poder Judicial); y un organismo técnico, encargado de desarrollar todas las actividades requeridas para la implementación, el seguimiento, monitoreo y evaluación de los principios y objetivos que inspiran la Política, a través del desarrollo de planes estratégicos, operativos y acciones específicas, incluyendo la coordinación con los actores relevantes para tales fines (Comités Locales de Género y No Discriminación en las 17 Cortes de Apelaciones del país). Ambos organismos se encuentran constituidos desde el año 2020.

 Dicho Ciclo tuvo por finalidad abordar diversos ámbitos y aspectos de la incorporación de la perspectiva de género en el proceso y contó con expositoras especializadas en cada uno de estos, los cuales se realizaron en los meses de noviembre de 2021 y marzo de 2022, versando el último sobre “Género, proceso y argumentación jurídica”, en el que participaron las profesoras Dra. Flavia Carbonell Bellolio, Directora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile y Claudia Sarmiento Ramírez, Profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, moderado por Marianne González Le Saux, Profesora Asistente del Departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad de Chile. Tanto en la primera en esta última como en la última sesión participaron la ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz y María Soledad Granados encargada de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema.

Al cierre de recepción de postulaciones del Concurso, el cual se efectuó el día 18 de abril de 2022, se recibieron un total de 30 postulaciones, las cuales fueron efectuadas por integrantes de la magistratura, del cuerpo de relatores y relatoras, del funcionariado, de la Fiscalía o de la abogacía, y de organizaciones de la sociedad civil, lo cual es la manifestación del amplio interés que suscita este concurso.