Comité de Género de la Corte de Apelaciones de Santiago organizó conversatorio sobre el buen trato y acceso a la justicia de las personas mayores
“El buen trato requiere de acciones y no solo evitar el daño” señaló la jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, Jessica Arenas, en el conversatorio “Envejecer con dignidad: Desafíos y oportunidades para el sistema de justicia” organizada por el Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Santiago, en conjunto con la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) y la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos (Ancot).
Junto a la magistrada Arenas, expusieron la abogada de la Oficina de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores (ODAM) de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Bárbara Hermosilla, y las consejeras técnicas, Gina Rosende y María José Abarca.
“La idea de esta actividad es sensibilizar y concientizar respecto a ponerse los lentes de género y mirar la realidad desde esta perspectiva, comprendiendo que estamos dentro de un complejo tejido de relaciones sociales con diferentes categorías como clase, raza, género, etapa de vida, que tienen un efecto en la vida de las personas, su identidad, el trato que reciben y entregan, y en como construimos las relaciones de poder. El desafío es reconocer que hay aspectos importantes a considerar donde el género intersecta con el envejecimiento” señaló Gina Rosende.
En ese contexto, Bárbara Hermosilla expuso sobre el rol de la curaduría para personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar, explicando cómo es el flujo de ingreso para asumir la representación y los criterios establecidos para asumir la representación en un juicio en calidad de curaduría ad litem.
La abogada señaló que durante 2024 tramitaron 1.214 causas de VIF en la Región Metropolitana, de las cuales, 1164 fueron en sede de familia y 50 en tribunales penales. El 70% de las víctimas de familia fueron mujeres, en tanto que en penal el 72%.
A junio de 2025 se encuentran en tramitación 643 causas en tribunales de familia (428 víctimas de sexo femenino y 215 masculino) y 33 en judicatura penal (22 víctimas de sexo femenino y 11 masculino), señaló Rebolledo.
Por su parte la magistrada Jessica Arenas habló sobre la conducta omisiva como infracción del principio de buen trato hacia las personas mayores, acentuando que la omisión es una forma silenciosa de vulneración de derechos y que este tipo de violencia se puede presentar a nivel estructural, institucional y familiar.
Indicó que la “omisión judicial (no activar medidas de protección, no valorar el testimonio de una persona mayor por presuponer deterioro, no considerar su voluntad en decisiones médicas, patrimoniales y residenciales o no hacer ajustes razonables en procedimientos judiciales) también discrimina y que debemos actuar como garantes, no como espectadores”.
