El marco internacional de derechos humanos contiene obligaciones específicas para los Estados en orden a garantizar un efectivo y equitativo acceso a la justicia a todas las personas. El acceso a la justicia debe ser comprendido como un derecho fundamental que impone al Estado deberes de conducta en orden no sólo a permitir el acceso, sino además, a generar las condiciones para que ese acceso sea posible y efectivo, lo que implica levantar las barreras que obstaculizan ese resultado, lo que supone que magistrados y magistradas reconozcan las múltiples discriminaciones asociadas al género que están presentes en los casos sometidos a su conocimiento.
