Gran interés concitó la charla “Acceso a la justicia de personas LGTBIQ+”, organizada por el Comité de Género y No Discriminación de la de la Corte de Apelaciones de La Serena, dirigida a integrantes de la jurisdicción, los comités del norte del país y profesionales de la clínica jurídica de la Universidad Católica del Norte.

Gran interés concitó la charla “Acceso a la justicia de personas LGTBIQ+”, organizada por el Comité de Género y No Discriminación de la de la Corte de Apelaciones de La Serena, dirigida a integrantes de la jurisdicción, los comités del norte del país y profesionales de la clínica jurídica de la Universidad Católica del Norte. El objetivo, explicó el ministro encargado del comité, Sergio Troncoso Espinoza, es generar espacios de conversación de temas relevantes y atingentes a los derechos de los grupos vulnerables y la efectivización de sus derechos. “La actividad se enmarca dentro de la serie de líneas de acción que tiene el comité de género de la jurisdicción de La Serena, orientado tanto a la sensibilización como a la capacitación de los funcionarios, y también de los profesionales de instituciones afines, en materias relacionadas con la igualdad, especialmente, la igualdad en el acceso a la justicia”, indicó.



Más de cien personas se conectaron a la actividad, en la que participaron las destacadas abogadas y académicas Ximena Gauché Marchetti, Macarena Rebolledo Rojas, quien es también jueza de Familia; y Javiera Barrientos Ortiz; quienes expusieron, entre otros temas, sobre la ley de identidad de género, igualdad de derechos, realidad territorial, justicia y perspectiva de género y derechos y garantías de la infancia.

La charla fue encabezada por el presidente del tribunal de alzada, Iván Corona Albornoz. “Los derechos son una condición inherente de los seres humanos, protegidos por normas jurídicas que defienden su dignidad. Como Poder Judicial sentimos una responsabilidad ética y moral de contribuir en la conversación, debate, entregar conocimientos y crear conciencia de lo que son los derechos y el acceso a la justicia de las diversidades sexuales”, manifestó.

Ximena Gauché, académica e investigadora de la Universidad de Concepción, abrió las presentaciones invitando a tener una mirada abierta respecto a la identidad de cada persona. “Cuando tenemos un mundo construido bajo un binario, y un derecho construido bajo la categorización binaria y jerárquica entre uno y otro, obviamente podemos encontrar muchas tensiones. Las discusiones de las últimas semanas en Chile, a partir del informe que se publica en Reino Unido sobre el tema trans, han puesto estos temas nuevamente en debate, pero de nuevo bajo una lógica binaria”, señaló.

Posteriormente, en su intervención la magistrada Macarena Rebolledo expuso sobre la ley de identidad de género a la luz de la ley de derechos y garantía de la infancia, destacando que, desde la entrada en vigencia de la primera, en diciembre de 2019, los tribunales de familia han conocido 1.338 solicitudes de cambio nombre y sexo registral. “Para los niños, niñas y adolescentes, el acceso a la justicia involucra la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial justo, respetuoso de sus derechos fundamentales y que le asegure, entre otros, el derecho a la tutela judicial. Además, los NNA en el contexto del principio fundamental de acceso a la justicia, más aún niños trans, han sido definidos como un grupo vulnerable”, indicó.

En tanto, la académica Barrientos, docente de la Universidad Católica del Norte, dio a conocer la experiencia territorial de la clínica jurídica de la casa de estudios, que brida atención y asesoría con responsabilidad social especialmente a personas en situación de vulnerabilidad “tomando en consideración las especiales condiciones y necesidades de protección de los sujetos, como en el caso de la comunidad LGTBIQ+, vemos en las clínica jurídica un agente colaborador de la justicia en aras de dar respuesta a este derecho y colaborar con esta necesidad de acceso”, manifestó.

Tras las exposiciones los asistentes realizaron sus consultas y comentarios, generando un dialogo con interesantes aportes en la materia y el desafío de un trabajo conjunto.

Gran interés tuvo el seminario-taller organizado por el Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de La Serena, en conjunto con la Mesa Regional de Acceso a la Justicia, sobre la Ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.

Cerca de 100 personas se conectaron vía online y otras 80 participaron presencialmente de las exposiciones que al respecto realizó la seremi de la Mujer, María Fernanda Glaser; los jueces Felipe Pizarro Ávalos del Tribunal Oral de Ovalle y Lilian Tapia Carvajal del Juzgado de Familia de La Serena; además de Rocío Valdivia Delgado, fiscal jefa del Ministerio Público de Combarbalá.



“En esta instancia de coordinación interinstitucional nos estamos adelantando a lo que la Ley Integral de Violencia de Género nos impone, que es poder coordinarnos entre las diferentes instituciones, como el Poder Judicial con tribunales de Familia, de Garantía y Oral en lo Penal, con los servicios que se activan en la violencia contra la mujer, tales como el Servicio Nacional de la Mujer, Fiscalía, Defensoría y los diferentes operadores de justicia”, indicó la seremi María Fernanda Glaser. La actividad, encabezada por el presidente de la Corte de La Serena, Iván Corona Albornoz y el ministro encargado de Género, Sergio Troncoso Espinoza, se constituyó una instancia de conocimiento, discusión y coordinación para el intersector y los integrantes de la jurisdicción, de manera de responder oportunamente y con estándares de debida diligencia ante un hecho de violencia de género, tal como lo establece la ley. Para ello, se realizó además un taller participativo con representantes de las diversas instituciones que cruzan el ámbito de la nueva normativa.

“Después de haber escuchado las exposiciones de los panelistas, ya se pudo advertir la existencia de varios nudos críticos y situaciones que van a requerir una atención muy específica de parte de los distintos operadores del sistema de justicia. Esto se notó porque, en el trabajo posterior en el taller, hubo muchas ideas que se fueron lanzando en los diversos grupos en relación a las problemáticas que ellos veían como necesarias de abordar o de establecer coordinaciones”, manifestó el ministro Troncoso. Por su parte, la fiscal de Combarbalá Rocío Valdivia vislumbró la posible falta de recursos humanos y tecnológicos para la aplicación de la ley. “Se nos imponen ciertas obligaciones, como el deber de diligencia, ciertas audiencias que hasta ahora no existen en la ley, como por ejemplo la supervisión de medidas cautelares o condiciones de la suspensión condicional que van a incrementar indudablemente el trabajo de los tribunales y, asimismo, de los intervinientes como son Ministerio Público y la Defensoría”. El resultado del seminario y el taller realizado, con las intervenciones de sus participantes y las posibles vías de solución para los nudos críticos percibidos, será sistematizado por el Comité de Género de la jurisdicción para ser entregado a las instituciones. Así también, se continuará con el trabajo de capacitación y coordinación para la aplicación de la normativa que reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, entendiendo la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural que se expresa en las diversas dimensiones de la vida y que tiene múltiples manifestaciones.

Llegar a las comunas más apartadas de la región de Coquimbo fue el objetivo que se trazó en su creación -en noviembre del 2023- la “Mesa interinstitucional de género y acceso a la justicia de grupos vulnerables”, que encabeza la Corte de Apelaciones de La Serena y en la que participan, además, la Seremi de la Mujer, Fiscalía, Defensoría y la Corporación de Asistencia Judicial.

Llegar a las comunas más apartadas de la región de Coquimbo fue el objetivo que se trazó en su creación -en noviembre del 2023- la “Mesa interinstitucional de género y acceso a la justicia de grupos vulnerables”, que encabeza la Corte de Apelaciones de La Serena y en la que participan, además, la Seremi de la Mujer, Fiscalía, Defensoría y la Corporación de Asistencia Judicial.



En su cuarta reunión fue convocado el alcalde de Canela, comuna distante 243 kilómetros de la capital regional, a quien se dio a conocer la idea de crear un polo de atención remota en conjunto de todas las instituciones que participan en la mesa, que permita acercar los servicios judiciales a la comunidad. Actualmente el Poder Judicial posee en la municipalidad un tótem de atención con la plataforma conecta.pjud.cl, que facilita que los usuarios puedan acceder a cualquier tribunal del país siendo atendidos online por un funcionario que responde a sus consultas. “Se planificaron actividades con un énfasis particular en la comuna de Canela, en la provincia del Choapa, donde las distintas instituciones pretenden implementar un polo de atención remota conjunta que pueda, de alguna manera, expandir las posibilidades que ya se tienen a través del módulo de atención Conecta del Poder Judicial. Tuvimos una favorable acogida de parte del alcalde de la comuna y se establecieron la planificación de las actividades para que esto se pueda concretar en el más breve plazo”, indicó al respecto el ministro encargado del comité de género del tribunal de alzada, Sergio Troncoso Espinoza. El alcalde de Canela, Bernardo Leyton Lemus, se manifestó disponible para colaborar con la mesa y contar con el punto de atención remota que permita la conexión con variadas instituciones. “Tiene que ver con el tema de la violencia contra la mujer, específicamente, o con otros temas que sean de interés de cómo llevamos la justicia a sectores remotos, donde el desplazamiento físico es un tema para poder acceder de buena forma a la justicia, así que nosotros encantados y agradecidos con la invitación y también con la disponibilidad para que esto se concrete en el menor tiempo posible”, señaló.

En la mesa, participó como invitada la institución de Carabineros, representada por el General de la región de Coquimbo, Juan Muñoz Montero, a quien el Comité de Género de la Corte de Apelaciones hizo entrega de 2 mil trípticos para ser repartidos en las diversas comisarías con información sobre los pasos a seguir ante casos de violencia contra la mujer.

“Como Carabineros nosotros estamos desplegados en todo el territorio de la región de Coquimbo y, como tal, somos la primera instancia de contacto que tiene la víctima, y en este caso para nosotros es sumamente importante poder tener la información clara de las derivaciones que tenemos que hacer, a quién debemos informarle y cómo podemos asistirle para que tenga el debido acceso a la justicia cada víctima de violencia de género”, destacó. En la reunión, se evaluaron además las actividades desarrolladas el primer semestre por la mesa y se planificó una capacitación dirigida a operadores del sistema de justicia sobre violencia de género durante el mes de noviembre.

La actividad se enmarcó en la atención en terreno que realizó la “Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia”, encabezada el comité de Género de la Corte de Apelaciones de La Serena y conformada por instituciones vinculadas, con motivo del Día Internacional de la Mujer.