La actividad fue por medio del seminario “Violencia contra las mujeres en razón de su género y acceso a la justicia: Análisis de los desafíos de la implementación de la Ley N° 21.675”.
La instancia, realizada en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales, contó con la presencia de la presidenta(s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; el fiscal nacional, Ángel Valencia; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y del defensor nacional suplente, Osvaldo Pizarro.
En la inauguración, la ministra Chevesich afirmó que “el Poder Judicial reconoce y reivindica el accionar del movimiento de mujeres que han visibilizado la problemática y han trabajado en erradicar la violencia”. Asimismo, agregó que las materias del seminario interinstitucional “reflejan la preocupación del Estado y de la sociedad por esta temática, cuestión que plantea desafíos para el sistema de justicia, en general, y para el ejercicio jurisdiccional, en particular, en tanto garante de los derechos de las mujeres víctimas de violencia por razones de género”.
La máxima autoridad del Ministerio Público, Ángel Valencia, se refirió a la violencia de género como un problema de seguridad pública y un fenómeno criminal complejo y masivo que afecta a miles de mujeres cada año. “Tenemos el desafío de materializar en acciones concretas las distintas obligaciones establecidas en la Ley Integral de Violencia de Género, que, entre otras cosas, dispone que todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales se debe cumplir con la debida diligencia y la prevención de la victimización secundaria, reforzando las medidas de protección en favor de estas víctimas”.
En tanto la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, remarcó la importancia del trabajo interinstitucional coordinado en la implementación de la Ley 21.765. “La respuesta frente a la violencia es un deber del Estado en su conjunto y que no corresponde solo al Ministerio y al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Todos los actores convocados deben y tenemos que aportar con nuestro esfuerzo para que podamos prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género como nos comprometiéramos como Estado hace ya 30 años”, indicó.
El defensor nacional (s) Osvaldo Pizarro, manifestó la necesidad de visibilizar la violencia institucional, como las que padecen las mujeres privadas de libertad tanto antes como durante su encarcelamiento. “A diferencia de otras formas de violencia que pueden ser denunciadas, esta suele ser silenciada, ignorada e incluso normalizada (…) es fundamental entender que la privación de libertad puede constituir una vulneración de derechos, especialmente cuando no se consideran factores como los deberes de cuidado o el historial de victimización previo”.
Se contó además con la conferencia magistral de la representante de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, Florencia Sotelo, sobre “La obligación internacional de sancionar leyes integrales de protección a las mujeres víctimas de violencia en razón de su género y el acceso a la justicia”.
Posteriormente, en un panel conformado por la presidenta(s) Gloria Ana Chevesich Ruiz; la directora de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda Sánchez; la abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública de Valparaíso, Catherine Ríos Ramírez y la coordinadora jurídica de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Diana Maquilón Tamayo, se conversó sobre los desafíos de la implementación de la Ley 21.675.
El seminario convocó a un centenar de personas solo de manera presencial y más de 300 personas en línea.
Vea la grabación completa en: https://www.youtube.com/watch?v=r2ypBpSezVU
27/11/2024
